JUAN DIEGO GARCIA. ARGENPRESS. 28/6/2006
Con independencia de sus formas concretas el cuadro de los inmigrantes es siempre muy similar: equipaje en el que transportan lo indispensable o lo que pudieron salvar del naufragio de sus vidas, papeles con los que esperan abrir las puertas de algún refugio tras convencer a los guardianes de las fronteras, miedo en el cuerpo y mucho pesar en el alma. Nadie deja su lugar y sus seres queridos por el simple prurito de la aventura. Siempre hay razones de fondo que limitan en extremo o eliminan su libre decisión. El emigrante carece realmente de libertad; no escoge su condición, se la impone su propia tierra, y en este mundo de radical globalización de las relaciones no es difícil encontrar que oscuros y anónimos intereses lejanos han echado la suerte por ella o él. El emigrante es un juguete de fuerzas que le sobrepasan y de las que muchas veces ni siquiera es conciente.
En las modernas migraciones hay básicamente dos grupos de personas.
Uno, probablemente el más numeroso, es el de la migración económica y está conformado por quienes abandonan su país y buscan en otro la simple la supervivencia que su tierra les niega.
Otro, la migración por razones políticas, religiosas, étnicas o de creencia, las que a su vez casi siempre remiten a conflictos económicos y luchas sociales enmascaradas en el rasgo físico, la opinión, la costumbre o sencillamente el lugar de residencia.
El debate sobre el origen y manejo de las migraciones es amplio y excede sin duda las posibilidades de un artículo de prensa. Pero dos ejemplos pueden servir para mejorar la comprensión del fenómeno. Dos ejemplos que no explican toda la complejidad del problema, pero ilustran.
Primer caso: una empresa multinacional compra a precio de ganga en un país del llamado Tercer Mundo una empresa de servicios públicos -por ejemplo, de telecomunicaciones-. Aquello que antes era un servicio prestado por el estado, mediante el sistema de privatizaciones es otorgado a la multinacional, previo acuerdo entre los gerentes de uno y otro lado, la participación indirecta del ministro del ramo (cuando no del mismo presidente del país) y los nunca faltantes intermediarios que actúan en todo el proceso y cobran jugosas comisiones.
La empresa es vendida por un precio ridículo. La multinacional en cuestión inicia entonces un proceso de modernización y saneamiento (muchas veces ni siquiera aporta tecnología alguna) que consiste por lo común en reducciones drásticas de plantilla. Los resultados son conocidos: un par de cientos o de miles de trabajadores van al desempleo al mismo tiempo que las acciones de la multinacional mejoran notoriamente su cotización en bolsa, para regocijo de los accionistas. Los funcionarios corruptos, previendo posibles problemas (¡nunca se sabe si aparece de repente algún presidente “populista” a pedir cuentas!) se trasladan a Miami en donde compran casa y nacionalidad, abren una abultada cuenta corriente, se convierten en “destacados miembros de su comunidad” y se dedican a vivir de las rentas.
Los trabajadores despedidos tienen varias opciones, pero la mayoría de ellos no encontrará trabajo en su especialidad. De telecomunicaciones solo hay una o muy pocas empresas en su país y todas tienden a “modernizarse”. Toma entonces sus ahorros o las indemnizaciones que le corresponden y viene a Europa o va a los Estados Unidos con todas sus esperanzas puestas en un puesto de trabajo de acuerdo a su formación y experiencia. En su condición de legal o ilegal (condición esta última que afecta al menos a la mitad cuando no a la mayoría) solo consigue trabajos menores y mal pagados. Si no estuviese en condición de ilegalidad (“sin papeles”) probablemente podría conseguir algo mejor, pero eso en todo caso después de varios años de padecer como extranjero con pocos o ningún derecho real. A lo mejor, sus hijos -la segunda generación- pueden aspirar a la ciudadanía. Algo que tampoco es seguro.
Inmigración, en estas condiciones es sinónimo de la explotación inicua de la fuerza de trabajo. Los gobiernos alegan que elaborar una política de inmigraciones para evitar abusos es “muy complicado”. Lo que si no resulta nada complicado es comprender que mantener a tantos millones de personas en la ilegalidad es un magnífico negocio para quienes pueden hacer uso de esa fuerza de trabajo sin derechos, abaratando de paso los salarios locales. Inclusive los países que han afrontado los problemas migratorios desde siempre -los Estados Unidos, por ejemplo- tienen sospechosamente grandes dificultades para encontrar la fórmula que impida la sobreexplotación de una parte considerable de los inmigrantes. ¿Sería rentable por ejemplo la producción de frutas en Estados Unidos si los recolectores no fuesen “espaldas mojadas” sin derechos y ganando menos de la mitad que los gringos?. Una pregunta muy pertinente que se puede extender a muchos otros sectores económicos y a los mismos países europeos.
El círculo se cierra. Una dama que tiene sus acciones en la multinacional ve como crecen sus beneficios y da gracias a los cielos porque hay ministros de economía y relaciones exteriores que propician inversiones tan fabulosas. Al mismo tiempo, tiene a una inmigrante como empleada del hogar que hace todo el oficio de la casa las 24 horas del día (¡Eso sí, tiene un pequeño descanso los fines de semana!) por un salario por el cual ninguna persona nativa trabajaría jamás y siempre bajo la amenaza de no molestar porque puede ser expulsada (está ilegal en el país). Además, conversa muy bien, tiene un castellano precioso y hasta ayuda a los niños con sus deberes. Eso sí, se molesta cuando se hacen comentarios racistas, se deprime mucho acordándose de su país y a veces, como de pasada, menciona su título en ingeniería de sistemas.
El otro ejemplo: los demandantes de asilo, los refugiados políticos. ¡Estos si que resultan incómodos! Sobre todo cuando vienen de países con los cuales el país receptor tiene magníficas relaciones comerciales y diplomáticas. España y Colombia, por ejemplo.
Según las últimas informaciones de las Naciones Unidas hay casi sesenta mil refugiados políticos de Colombia en Europa, en otros lugares de Latinoamérica y en los mismos Estados Unidos. Naturalmente, no son derechistas. Son liberales, comunistas y personas de izquierda que por sus ideales se convierten en el objetivo preferido de esos paramilitares que siguen asolando al país. Pero Colombia es oficialmente una democracia, muy amiga de España y aliada firme en “la lucha contra el terrorismo”, una condición ésta última que sirve para allanar cualquier reticencia y justificar la venta de armas a un país que está en guerra y en el cual se violan los derechos humanos de forma sistemática (¿Qué pasó con la legislación europea que veta tales transacciones?). Colombia es además -un “además” definitivo, como puede colegirse- el destino de enormes inversiones de las multinacionales españolas, así que el tratamiento de las peticiones de asilo debe calibrarse adecuadamente, no sea que por una mal interpretada idea de solidaridad los “intereses nacionales” se vean afectados negativamente.
No sorprende entonces que se aprueben cantidades tan ridículas de petición de asilo y que del aeropuerto de Barajas se devuelva a Colombia a muchas personas que vienen huyendo de una muerte segura. La prensa de Madrid informaba esta semana que “más de la cuarta parte de los solicitantes de asilo afirman que proceden de Colombia” (El País, 21 de junio/06). Seguramente no solo lo afirman; vienen de esa democracia modelo consagrada al sagrado Corazón de Jesús, en la cual la cacería de izquierdistas se practica con entusiasmo.
Pero dejemos que hable una afectada. El mismo diario matritense transcribía la siguiente nota enviada a las autoridades españolas:
“Mi nombres es L.Z., soy esposa de A.T., quien estuvo hace unos meses solicitando asilo en el aeropuerto de Madrid. La presente es para notificarle que, si aún está en proceso la solicitud de asilo, ya no es necesario ya que a mi esposo desgraciadamente lo mataron. Ustedes pensaron que esto era un juego y ahora me quedé sola y odiando a los españoles por no darnos el apoyo que solicitábamos y sí le dan la entrada a narcotraficantes y alcaldes corruptos. Pero, en fin, esta sociedad de hoy en día solo está disponible al dios de la Tierra: el dinero. Gracias por nada”.
Ojalá los 1655 colombianos y colombianas que cursaron petición de asilo en 2005, y los otros muchos que lo hicieron éste y años anteriores no corran la misma suerte, aunque los negocios de las multinacionales españolas en Colombia se inquieten y las autoridades de Bogotá emitan alguna nota de enfado diplomático.
Debe ser muy duro para la mencionada propietaria de acciones saber que sus beneficios salen en parte de la miseria de otros. Mucho más duro enterarse de que una denegación de asilo, devolviendo a la persona a su lugar de origen significó hacerse cómplice de su asesinato. Alguien víctima de persecución y en peligro de muerte vino hasta Barajas en busca de una mano solidaria y se la negaron.
Nadie en Colombia le cerró las puertas a los miles de perseguidos de la dictadura franquista. En este país encontraron apoyo y comprensión. Qué diría de la política de asilo del actual gobierno español don José Prat, último secretario del Parlamento de la Segunda República, refugiado en Colombia, que le acogió como a un hijo y por tal lo tuvo hasta que anciano ya, regresó a su patria y al Parlamento de donde las fuerzas oscuras del fascismo lo habían expulsado violentamente. Sentiría la vergüenza que a muchos parece faltarles.
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